En todos los estados democráticos multilingües del mundo se respeta la pluralidad. En España, no. El problema arranca de la misma Constitución de 1978, que convirtió, o mejor dicho, reafirmó el español como lengua única del Estado. Según esa Constitución, España no es multilingüe, sólo lo son las autonomías con lengua propia. O sea que, según dicho criterio, la parte es multilingüe y en cambio el todo no lo es.