José María Asencio Gallego, es un destacado magistrado en el Juzgado de lo Penal n.º 11 de Barcelona, cuya trayectoria abarca una serie de logros notables en el ámbito legal y académico. Además de su destacada labor académica, el José María ha dejado una marca significativa en el ámbito de la investigación jurídica. Es autor de cuatro monografías jurídicas, entre las que se incluyen títulos como "El derecho al silencio del investigado como manifestación del derecho de defensa" y "Medidas cautelares en el proceso penal".

Entidades de memoria democrática y expertos como profesores o periodistas han instado a la retirada "inmediata" de la ley de concordia registrada por PP y Vox en Les Corts, al considerar que equipara el franquismo con la dictadura y olvida a víctimas como los bebés robados, las mujeres encerradas por el Patronato de Protección a la Mujer o los abusos cometidos por la Iglesia católica.

La estrategia discursiva empleada es diluir la reparación hacia las víctimas de la represión franquista equiparando su condición con la de “todas las víctimas de la violencia política desde 1931 hasta la actualidad”. En el segundo párrafo de la propuesta valenciana, se dice textualmente que “España ha vivido etapas muy convulsas, como la Segunda República, la Guerra Civil, una dictadura (nota del autor: sin apellido y en minúscula) y el azote del terrorismo etarra e islámico”. Cambian el concepto de “memoria democrática” por el de “concordia"

La presidenta de la Federación de Plataformas Trans, Mar Cambrollé, ha asegurado a este medio que se reunirá el lunes 25 de septiembre con el fiscal de sala, Miguel Ángel Aguilar, para que actúe de oficio en este asunto al considerar que el agresor ha incurrido en un posible "fraude de ley" con el perjuicio que conlleva para las personas trans, que se sienten "perseguidas" y para la ley en sí, que la "estigmatiza". "Me parece aberrante este tipo de comportamiento", destaca Cambrollé.

Las microdirectivas, normas específicas aplicadas por inteligencia artificial, aumentarían exponencialmente los problemas relacionados con la justicia, la transparencia y la libertad.

El Senado dio luz verde el miércoles 7 de junio a una polémica medida del proyecto de ley de Justicia. El texto establece que los micrófonos y cámaras de los dispositivos conectados (teléfonos, computadoras) pueden ser activados de forma remota Este 7 de junio, el Senado dio su visto bueno para la implementación del disparo remoto de dispositivos conectados (teléfonos inteligentes, computadoras) como parte de ciertas investigaciones. Esta disposición está incluida en la sección 3 del proyecto de ley del Ministro de Justicia Éric Dupond-Moretti.

(...) Le dije al policía que se estaba cometiendo un delito delante de nosotros, pero no me hizo ni caso. Hasta que se hartó de mi insistencia. Se ajustó de nuevo la hebilla y me amenazó: "A ver si, por listilla, la voy a detener por obstaculizar la actuación de la Policía". Le respondí que eso era una locura y me di media vuelta. Entonces, me agarró de la mochila que llevaba en la espalda y me dio un empujón que casi me descalabra. Caí sobre la bicicleta y me hice daño. Tuve que entregarle la documentación.

La humorista bilbaina identificó la semana pasada con nombre y apellidos a un hombre que la había insultado y amenazado en redes, puso una denuncia en la comisaría de la Ertzaintza y fue entrevistada en televisión y Youtube. El sindicato policial Esan pide ahora una sanción por «falta de respeto».

El PP, con el arranque del nuevo curso político tras el periodo estival, ha dado el primer paso para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria aprobada durante la pasada legislatura por el Gobierno bipartito PRC-PSOE. Y lo ha hecho presentando una proposición de ley en el Parlamento autonómico días después de que Vox le presionara para dar cumplimiento al acuerdo de revocar la norma alcanzado por ambas formaciones hace un año.

Cinco de los seis policías acusados componían todo el Grupo de Estupefacientes de la capital extremeña hasta su detención en septiembre de 2021; ahora deben responder por una ristra de delitos que incluyen el tráfico de drogas, robo y torturas

Una obra maestra sin parangón. Posiblemente uno de los mejores discos de la historia en nuestro país. Con todos ustedes: La ley no escrita de Extremoduro (La Ley Innata)

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha abierto diligencias por prevaricación contra Ana Millán, actual vicesecretaria de Organización y Electoral del PP madrileño y número tres de Isabel Díaz Ayuso dentro del partido. Se trata de un caso relacionado con varios contratos presuntamente irregulares adjudicados durante su etapa en el Ayuntamiento de Arroyomolinos.

Perelló nació en Cataluña y es magistrada del Tribunal Supremo desde el año 2009. Está en la sección que supervisa órganos reguladores como la CNMC y el Banco de España y fue la ponente de la sentencia que rechazó el recurso del PSOE para tratar de recontar el voto nulo de Madrid en las generales. Antes, Perelló ocupó destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mahón (Menorca), en la Audiencia Provincial de Barcelona y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Está asociada a Jueces y Juezas para la Democracia.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha designado como magistrado-ponente a Francisco José Goyena, que será el encargado de investigar a la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y 'número tres' del PP de Ayuso, Ana Millán.

Las multas administrativas impuestas al amparo de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, la conocida como 'ley mordaza', aumentaron en 2023 hasta alcanzar los 174 millones de euros, lo que representa un 17% más que el ejercicio anterior.

En medio de la crisis migratoria y el cruce de reproches entre el PP y el PSOE a cuenta de la solución de los flujos migratorios irregulares, una ley que hace referencia a esta cuestión sigue guardada en un cajón en el Congreso. Se trata de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 extranjeros que residen en España, una propuesta respaldada por 611.821 firmas y que inició su trámite en la Cámara Baja tras recibir 310 votos a favor (todos los grupos, salvo Vox).

El Congreso de California aprobó la ley SB 1047 (Ley de Innovación Segura y Protegida para Modelos de IA de Frontera), con normas de seguridad claras y predecibles para desarrolladores grandes y poderosos. Varias empresas, académicos y políticos la acusan de restrictiva y freno al avance del sector. El gobernador Newsom tiene hasta el 30 de septiembre para ratificarla o vetarla. Algoritmos cuyo entrenamiento cueste más de 100 mill. $ deberán tener un “botón de apagado de emergencia” para desactivarlo si su funcionamiento se sale de control.

La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) ha alzado la voz contra lo que considera una "grave injusticia" en el tratamiento desigual que están recibiendo los inversores en energías renovables. Mientras que los inversores internacionales afectados por los recortes retroactivos en España están siendo compensados con miles de millones de euros, las 65.000 familias españolas que pioneramente impulsaron la transición energética no han recibido ningún tipo de indemnización.

Carolina del Sur, que presume de ser el estado más pro-vida de los USA, en el que todas las vidas importan y que por eso tiene prohibido el aborto a partir de las 6 semanas de gestación, va a recuperar la bárbara costumbre de la pena de muerte. Y se va a estrenar ejecutando un hombre que lleva ya 25 años condenado, dándole a elegir entre una inyección letal de pentobarbital, la silla eléctrica del estado que data de 1912 y un pelotón de fusilamiento perfectamente entrenado.

Barrabés ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto del juez Juan Carlos Peinado por el que se autorizó los registros en una de sus viviendas y una de sus empresas que se produjeron el pasado 23 de agosto.

“Fueron acusados de antipatriotas, anticatólicos, inmorales, antiespañoles, irreligiosos, masones, enemigos de España, enemigos de la idea nacional, de liberales y al mismo tiempo republicanos y, ¡rojos!, de parásitos pseidointelectuales y hasta de profesionales del crimen; todo eso aparecía continuamente en panfletos, en escritos, en los parlamentos, las Cortes”.

El Ayuntamiento de Palma, gobernado por los 'populares', plantea una reclamación por la minuta de los abogados de la veintena de policías locales que fueron investigados y por los salarios que estos dejaron de percibir durante la instrucción llevada a cabo por el juez Penalva y el fiscal Subirán, condenados a nueve años de prisión.

"Dije en su día que la justicia es un cachondeo y me reafirmo; ahora es peor", argumenta para sostener que en su caso "el Supremo sostenía que siendo abogado tenía que conocer la legalidad de los dos contratos", antes de advertir que "al interventor y al secretario no les ocurrió nada", y trazar un agravio comparativo con la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, a la que denomina "la del Gürtel, corrupta pero prescrita" cuando en su caso "el mismo Supremo decía que aunque fuera abogada no tenía por qué conocer lo del Ayuntamiento".