Actualmente son muchas las personas que reclaman un cambio en la forma política del Estado español para dar paso a un sistema republicano, dejando atrás el sistema de monarquía parlamentaria en el que nos encontramos, pues parece que es más democrático tener un presidente de la república elegido democráticamente que una monarquía hereditaria impuesta con todo lo que ella conlleva. La manera de llevar a cabo este cambio es la reforma constitucional. En España, actualmente, la reforma constitucional puede …

La Sala II del Tribunal Supremo ha declarado como doctrina jurisprudencial "que la relación de pareja entre los solicitantes de una comunicación vis a vis puede ser acreditada, aun cuando uno de ellos hubiera tenido anteriormente una comunicación de tal clase con otra persona, mediante cualquier medio de prueba válido, siendo por tanto valorable como tal una escritura de constitución de unión de hecho, sin que sea admisible como único medio de prueba la acreditación de que existe dicha unión desde 6 meses antes a través de comunicaciones en loc

El Tribunal Constitucional mantendrá su actual mayoría conservadora al menos hasta 2022. Será entonces cuando al Gobierno le toque nombrar a dos jueces de forma directa y tendrá en su mano alterar el equilibrio dentro del tribunal sin ataduras. Ese es el horizonte de cambio más cercano teniendo en cuenta que PP y PSOE ya habían pactado respetar la composición de siete conservadores frente a cinco progresistas en la renovación de la Justicia, que incluye el Consejo General del Poder Judicial.

Bruselas da su bendición a los avales ICO..Diario Jurídico

El TS ha estimado el recurso de la Asociación española de la Economía Digital ADIGITAL contra el apartado 11 del artículo primero del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se introduce en el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, un nuevo artículo 54 ter, que regula la “Obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”.

El TS ha estimado el recurso de la Asociación española de la Economía Digital ADIGITAL contra el apartado 11 del artículo primero del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se introduce en el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, un nuevo artículo 54 ter, que regula la “Obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”.

l Real Decreto Ley 15/2020 que entró en vigor el 23 de abril prevé dos escenarios:

A) Cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles (10 o más propiedades), éste siempre deberá aceptar la solicitud del arrendatario, y podrá durar hasta un periodo máximo de 4 meses.

B) Con independencia del tipo de arrendador, el arrendatario de un local de negocio, ya sea persona física o jurídica, podrá también solicitar la moratoria o rebaja en la renta en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del RDL, si no se ha llegado antes a un acuerdo en

Los okupas de viviendas ajenas podrán darse de alta en el padrón municipal de la localidad donde habiten para poder acceder a las ventajas que esta situación les puede reportar, como las ayudas del Covid-19, incluida la renta mínima. Así se establece en una resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, publicada ayer en el BOE por la Subsecretaría del Ministerio

Interpretación de la ley de modo que el arrendamiento podría mantenerse incluso en el supuesto de que el casero venda el inmueble si el comprador sabía que estaba alquilado

A raíz de las últimas actuaciones judiciales instructoras que han tenido lugar en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo en relación con los responsables políticos del procés de secesión, se ha podido oír que “los tiempos de la política y de la justicia son distintos”, o que “no se comentan las resoluciones del Poder Judicial, se acatan y punto”, pues en España –se añade de inmediato- existe el principio de separación de poderes y los jueces son independientes del poder político.

En España, a diferencia de muchos países de nuestro entorno, la fiscalía no es independiente. Recibe órdenes directamente del Gobierno. Pero sus decisiones tienen apariencia de judicialidad, así que sirve para el mantra de la separación de poderes.

Cuando se publicó que la Fiscalía iba a interponer una querella por rebelión contra los antiguos miembros del Gobierno de Cataluña y de la Mesa de su Parlamento, me pregunté qué datos ignoraba que permitiesen argumentar la presencia de uno de sus requisitos: la violencia.

Defender el Estado de derecho, considerado en términos garantistas y democráticos, obliga a inclinar la balanza en caso de duda siempre en favor de las garantías de libertad. Ha sido Luigi Ferrajoli quien más ha insistido en la responsabilidad cívica de quienes producen cultura jurídica. Las interpretaciones de los juristas en torno al derecho acaban prendiendo en la realidad. [...] ¿Puede en estos tiempos el orden constitucional (y las condiciones sociales, culturales y materiales que le dan soporte) restaurarse por medios schmittianos?

Hilo de Twitter con breves comentarios del profesor Andrés Boix sobre los artículos publicados por expertos juristas en el especial de «El Cronista del estado social y democrático de derecho»: ¿Cataluña independiente?

El mes pasado analizamos la figura del notario, y decíamos que funcionaba de una manera muy particular. Por un lado es, inequívocamente, un funcionario: así lo dice la ley, que además le concede competencias indudablemente públicas. Pero por otro lado se parece mucho a una empresa: cobra de sus clientes, contrata empleados y se establece donde quiere dentro de su demarcación. Hablábamos, entonces, de una figura mixta, de una extraña mezcla entre lo público y lo privado: un puesto funcionarial que en la práctica opera como una empresa.

Crónica de su aguerrida actuación contra un presunto nido de corruptos ciudadanos, Esta última semana he vivido intensamente una experiencia personal y profesional que no puedo dejar compartir con ustedes, lectores de este Blog Hay Derecho, porque hay cosas que están pasando en esta España nuestra respecto de las que no, no Hay Derecho.

Es común, cuando alguien mediático entra en la cárcel (sea el asesino del hacha o el corrupto de los miles de millones), que la prensa incluya una breve referencia al grado penitenciario en que será clasificado. Esto nos permite jugosos comentarios para analizar la situación del país (“fíjate, con todo lo que ha robado y en tercer grado”), pero no nos enseña cuándo se impone cada grado ni qué significa. Por ello, voy a dedicar unas líneas a los grados penitenciarios.

Nos encontramos ante un ejemplo palmario de concepción “patrimonial” del cargo representativo –“el escaño es mío”- y no, como tendría que entenderse en un sistema democrático-representativo, en un sentido funcional: quien ejerce el cargo en el Congreso o el Senado lo hace para permitir la expresión de una concreta representatividad. ¿Cabría, no obstante, suspenderla temporalmente mientras no exista esa sentencia que, en su caso, la condene? Tres posibles respuestas.

El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada cree que España no ha asumido su pasado de la forma que lo han hecho otros países europeos y no europeos tras guerras y conflictos"Aquí, las víctimas de la Guerra Civil no han sido escuchadas. Las víctimas lo único que quieren realmente es ser escuchadas, poder relatar lo que les ha pasado""El no haber sabido lidiar con nuestro pasado de

La Ley contra la violencia en el deporte no excluye -si lo hiciera sería inconstitucional- el uso de banderas u otros símbolos, sino su exhibición orientada a unos fines concretos, para lo que habrá que justificar la idoneidad para provocarlos. Si se lleva adelante la citada prohibición, a mi juicio, se incurrirá en una inconstitucionalidad flagrante y propia del Derecho administrativo del enemigo, entendido como traslación al derecho administrativo sancionador de los elementos propios del Derecho penal del enemigo...

Los particulares están sometidos a la ley y obligados a cumplir sus contratos. Los poderes públicos han de respetar los derechos fundamentales de los particulares y protegerlos. Debería ser obvio para cualquier jurista que en ninguno de los tres casos se ha infringido el derecho a la libertad de expresión del periodista, de Escolar o de la empleada de Mercadona. Simplemente porque los que han tomado las decisiones correspondientes no son poderes públicos. Ni son el legislador, ni es el Gobierno o una Administración Pública ni son jueces.

El pasado 6 de abril de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados, con el apoyo de todos los grupos y el voto en contra únicamente del Partido Popular, aprobó plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones entre la Cámara y el Gobierno como consecuencia de la negativa del poder ejecutivo a someterse a las iniciativas de control parlamentario presentadas por el poder legislativo.

De nuevo, la justicia europea ha dado la razón a los clientes y ha dictaminado que tanto la ley Hipotecaria como la ley de Enjuiciamiento Civil de España vulneran la directiva europea que prohíbe las cláusulas abusivas. Enlace al auto: curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175339&

En las sociedades modernas los cambios económicos, sociales, demográficos y tecnológicos se han manifestado territorialmente en la dispersión de lo urbano, la “explosión de la ciudad”, que ha dado lugar a una nueva realidad urbana: las áreas metropolitanas.

El libro La última trinchera, escrito por los periodistas Luis Fernando Rodríguez y Javier Álvarez, publicado en la colección Península, ha contado con la colaboración de forma directa o indirecta de José Castro, Emilio Calatayud Ana Ferrer José María Fernández Seijo, Mercedes Alaya, Sonia Chirinos, Pablo Ruz, Santiago Pedraz y Fernando Andreu, cada uno responsable de sumarios judiciales de actualidad (Nóos, Gürtel, ERE o Bankia).

Un breve repaso por los Códigos Penales y Civiles que han estado vigentes en España ponen de manifiesto las situaciones de desigualdad que han vivido las mujeres en nuestro país.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó hoy por unanimidad las sanciones más severas contra Corea del Norte en dos décadas, reflejando la creciente furia contra Pyongyang por sus recientes ensayos nucleares y de misiles en desafío de una prohibición de toda actividad atómica.

Puedo decirte cómo conseguir los mejores tickets de avión, aconsejarte sobre cómo armar una valija, contarte cuáles son las cosas que tenés que ver y cómo ordenar tu hoja de ruta, pero si no te digo cómo volver viva a casa, entonces todos lo que escriba es basura. Pasó este fin de semana, el caso de las turistas mendocinas asesinadas en Ecuador, pero esto ya había pasado antes tantas veces que no recuerdo...

En una semana se acaba el plazo para opinar sobre la reforma de la Plaza de España de Madrid. Por nosotros, el interior de la plaza se puede quedar como está. Lo que fastidia la plaza es el tráfico que la acorrala por todos los lados.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha convocado para este miércoles una concentración frente al Ayuntamiento de Madrid para pedir a la alcaldesa, Manuela Carmena, respuestas sobre el funcionamiento de la Oficina de Intermediación Hipotecaria. Fue el órgano creado por Carmena para dar una solución habitacional a las personas con riesgo de ser desahuciadas en la capital.

La noticia saltaba hace el 3 de febrero. Varios medios publicaban que un supuesto "error informático" había ocasionado que llegaran burofaxes de rescisión de contratos de alquiler de renta antigua y les conminaban a abandonar sus viviendas antes del 29 de Febrero. ¿Un error informático? ¿Se amenaza con desalojos "por error"? Según los responsables del…

El Consejo Fiscal es un órgano consultivo que asiste al fiscal general del Estado. Es decir, a diferencia del consejo de la llamada “carrera hermana”, éste no tiene verdadero poder decisorio. Pero, a diferencia del órgano de gobierno de los jueces, éste sí tiene un fuerte componente de democracia interna: salvo el propio FGE, el teniente fiscal del Supremo (aka, el 2º de a bordo) y el jefe de la Inspección, los restantes nueve miembros son elegidos cada cuatro años, por votación de todos los integrantes de la carrera.

Parte I: Génesis. El artículo 122 CE: El artículo 122 de la Constitución, al detallar en su tercer apartado la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), prevé que «estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica;

En los países en los que las asociaciones judiciales son percibidas como una amenaza a la independencia judicial, los Consejos tienden a ser vistos como irrespetuosos en cuanto a la autonomía de los jueces. En consecuencia, no se puede reducir la desconfianza en el Consejo del Poder Judicial si no se reduce antes la desconfianza en las asociaciones judiciales.

Reproducción digitalizada de este libro de Andrés Bello en diversos formatos para descarga y estudio. Esta "edición está destinada al uso de los americanos" y sus necesidades peculiares. Libro disponible en la Universidad de Toronto. En su biblioteca Robarts

La exposición pretende analizar cómo los militares sublevados procedieron a la ejecución de un plan perfectamente organizado para destruir el Estado democrático de la 2ª República.Las líneas fundamentales de ese proceso destructor fueron las siguientes: La inmediata ilegalización de partidos políticos que integraban el Frente Popular, es decir todas las formaciones democráticas, además de los sindicatos, la negación de toda legitimidad a la expresión del sistema representativo, las Cortes Republicanas, radical invalidación de las leyes dictadas

Nunca me gustó el padre de Hansel y Gretel. Sigo sin entender por qué, nada más enviudar de su segunda mujer, que le había convencido para abandonar a los hijos de su primer matrimonio en el bosque, no se lanzó enseguida a buscarlos, y tuvieran ellos que arreglárselas solitos para volver a casa con el tesoro de la bruja que había querido comérselos. ¿Remordimientos de conciencia?, o ¿se había acostumbrado a estar sin sus hijos? Tampoco me gusta el art. 1362.1.2 del Código Civil: “Serán de cargo de la sociedad de gananciales los gastos que se...

Los tres catedráticos de Derecho Administrativo que han comparecido este jueves en el Congreso para exponer sus recetas anticorrupción han coincidido en reclamar mayor autonomía para la Oficina de Control de Conflicto de Intereses, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pues consideran que el órgano que ha de controlar las incompatibilidades de los altos cargos difícilmente podrá hacerlo con independencia si depende directamente del Ejecutivo que los nombra y al que pertenecen.

"Es urgente e inaplazable una reforma de la justicia, aunque haya discrepancias sobre los modelos", afirmó el fiscal general del Estado. "Vamos con mucho retraso y la sociedad demanda una reforma de la justicia pero como fiscal general soy bastante escéptico en que haya un verdadero interés en reformarla". No he visto ningún comentario al respecto, prueba del grave e inaceptable adormecimiento social en cuanto a las cosas realmente importantes. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que a Europa le preocupa la eficiencia del sistema judicial español

En estos tiempos se ha puesto de moda defender el escrache desde dos puntos de vista: el de su legalidad y legitimidad, y el de su oportunidad. yo querría centrarme en un aspecto lateral que tiene que ver con la legalidad del escrache y con la idea de que se trata de una mero ejemplo -incluso especialmente afortunado- del derecho fundamental de manifestación.

Ayer en el Congreso de los diputados se celebraba un debate importante. El Parlament de Catalunya no estaba pidiendo nada jurídicamente imposible, pues transferencias de este tipo se han realizado en una decena de ocasiones desde 1978, incluso en algún caso respecto de competencias exclusivas del Estado.