La Justicia europea ha admitido parcialmente a trámite el recurso presentado por la Comisión Europea, que denunció que España no había aplicado algunas disposiciones de la directiva –como la designación de zonas vulnerables– en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Islas Baleares, Madrid, Murcia y Valencia.
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