El Ministerio que dirige Félix Bolaños se reúne este miércoles con los cuatro sindicatos de Justicia por primera vez desde las elecciones generales del 23 de julio y con la negociación salarial pendiente, dado que el conflicto laboral quedó en suspenso a raíz del adelanto electoral y los funcionarios continúan reclamando una subida en línea con la aplicada a los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Fuentes conocedoras de la convocatoria han indicado a Europa Press que serán cuatro encuentros, uno con cada sindicato.

El Sindicato Profesional de Justicia USO (SPJ-USO) ha denunciado los «descuentos salvajes» que el Ministerio está aplicando en las nóminas de los funcionarios en huelga, desde el pasado 22 de mayo, incumpliendo con la normativa legal. Salarios de 1.700 euros han quedado reducidos a tan sólo 500 euros

Los funcionarios de Justicia en huelga van a intensificar las “medidas de presión” contra el Gobierno ante su negativa, afirman, a negociar una solución al conflicto. Además de acordar, “por amplia mayoría”, en las asambleas que se han celebrado por toda España mantener el paro indefinido, este colectivo anuncia que llevarán sus reivindicaciones a la campaña a las elecciones generales del 23 de julio.

Los funcionarios de Justicia se han encerrado este martes en el Ministerio tras la negativa del Gobierno a seguir negociando hasta que no se constituyan los gobiernos autonómicos y central que saldrá de las elecciones del 23 de julio.

Luis Calero, portavoz de Comisiones Obreras, critica el "alarde de clasismo y ninguneo" que se tiene desde el Ministerio de Justicia hacia un cuerpo de funcionarios que constituye "el 93% de la plantilla de los juzgados". "Somos los que sacamos adelante el trabajo", defiende.

Estos 4.300 funcionarios, anteriormente llamados secretarios judiciales, constituyen un cuerpo superior jurídico, de carácter nacional, que depende del ministerio de Pilar LLop. Pertenecientes al grupo A1, una de las oposiciones más complejas, se ocupan de dirigir las oficinas judiciales, entre otros cometidos. A través de ellas impulsan los asuntos que ingresan en los juzgados. De hecho, son quienes disponen de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, que tiene un saldo promedio de 4.500 millones de euros....

La Sala de Justicia del Tribunal Militar Central desestimó el recurso contencioso interpuesto por un teniente de la Guardia Civil que había sido condenado a dos meses de suspensión de empleo como autor de una falta grave por haber tratado de forma denigrante a un funcionaria que trabajaba en las oficinas de la Benemérita en el aeropuerto Reina Sofía de Tenerife. Entre otras salidas de tono, el oficial sancionado llegó a decirle que no «sabía sumar», que si no había ido «al colegio» y que, en caso de duda, «aquí mandan mis cojones».

El Juzgado de Instrucción 3 ha detectado "posibles irregularidades penalmente relevantes". Y se pronuncia tras la petición del equipo de gobierno

En particular la sentencia resuelve la legalidad de una primera prueba selectiva para cuerpo superior que «consistirá en desarrollar por escrito 2 temas de carácter general cuyo contenido decidirá el Tribunal antes del comienzo, relacionados aunque no coincidentes con enunciados concretos del Programa anexo a esta convocatoria»

El Colegio de Abogados de Málaga expresa su profundo rechazo al Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Una funcionaria de la delegación de Hacienda en Vigo, que tuvo que trasladarse en prácticas a Madrid, ha logrado que el Tribunal Supremo le reconozca el derecho a cobrar 1.550 euros al mes en dietas por los gastos de residencia eventual en la capital. Reclamó más de 8.000 euros por cinco meses de estancia en Madrid para hacer un curso obligatorio de promoción interna.

La Consejería de Justicia ha iniciado una investigación interna a un funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal acusado de masturbarse en su puesto de trabajo ante testigos, según informan fuentes de este departamento. Según indican, tuvieron constancia de este suceso durante un juicio de la Letrada del Juzgado de lo Social número 27; y, de manera "inmediata" la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería abrió un expediente informativo e inició las investigaciones previas a la incoación de un expediente disciplinario

Mantener a un funcionario sin trabajo atenta contra su integridad moral, un derecho fundamental recogido en la Constitución. Después de seis años de pleitos, el Tribunal Constitucional ha dado la razón a Jaime Nicolás Muñiz, un alto funcionario que pasó los últimos años de su carrera en un pasillo, represaliado, sin que el Ministerio del Interior le diera apenas ocupación.

Un grupo de aprobados de las oposiciones de Tramitación y Gestión procesal del Ministerio de Justicia ha criticado este martes en un comunicado que más de 300 funcionarios serán destinados "forzosos" a Baleares "en plena burbuja del alquiler". El 70% de los puestos ofertados como primer destino son de Juzgados de las Islas, habiendo en la Península miles de vacantes cubiertas por interinos.

El Tribunal Superior de Justicia de la UE (TSJUE) ha reculado y en una sentencia publicada este martes ha declarado que no indemnizar a un trabajador interino o temporal, aunque que haya desempeñado una misma labor durante años como un indefinido, no es contrario al derecho.

La informatización de los juzgados en Vigo avanza pero aún no ha conseguido eliminar el papel. Solo el juzgado de primera instancia número 11 de Vigo ha conseguido ser el único de Galicia que eliminó las impresiones en folios gracias a los medios electrónicos. Los restantes 35 tribunales y sus tres refuerzos de Vigo no solo no han visto reducir el papeleo sino que, paradójicamente, han disparado el gasto en impresiones y los juzgados de Vigo consumen ahora el récord de un millón de folios al mes, 25.000 hojas cada uno de media.

En declaraciones a Europa Press, el presidente autonómico del CSIF ha explicado que la situación "es un desastre" y ha puesto como ejemplo que "hoy a partir de las 15.00 horas tienen que dejar de trabajar porque se producirá una actualización" del sistema y cada vez que ocurre, ha añadido, se produce el "caos".

Desde julio, este equipo trabaja reorganizando toda la documentación de este fallido proyecto, que estaba dispersa en varias sedes. El consejero comparece hoy en la comisión de endeudamiento.

Ana Garrido asegura que en las fechas del caso Gürtel, "muchos funcionarios recibían presiones para firmar documentos". Ana explica que no pensaba difundir la grabación telefónica que implica en el caso a varios miembros del Partido Popular, pero su expareja fue quien presentó el documento tras realizar una copia de su ordenador sin consentimiento. Además, la funcionaria explica que en un primer momento intentaron comprarla, pero que al negarse ha tenido que soportar amenazas.

La media española de jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes es de 11,1, aunque algunas comunidades como Cataluña, con 10,2, o Castilla-La Mancha, Navarra y Extremadura están por debajo, según un estudio presentado en Barcelona.

Pasaron 25 años desde que Susan Smith lanzó el auto donde estaban sus hijos al fondo de un lago en Carolina del Sur, Estados Unidos. La madre había denunciado que los habían secuestrado. Llorando frente a las cámaras, mantuvo al país en vilo durante 9 días. Luego, confesó ser la autora del crimen más terrible. Dentro del vehículo se encontró una carta clave para tanto horror

"Las victimas están solas y desprotegidas" - Reflexión de Carles Porta - Link extraído de The Wild Project #187 ft Carles Porta: youtu.be/xYkohG2xXh8 Carles Porta, periodista y creador de uno de los programas más potentes que existen en la actualidad: CRIMS, visita a Jordi Wild para un interesantísimo podcast donde se narrarán algunas los casos de criminología más interesantes que habréis escuchado. El terrible asesinato de Helena Jubany, el crimen de la Guardia Civil, Rodney Alcalá y su paso televisiones americanas, el s

El asunto debería haberse solventado el pasado 1 de agosto, según los plazos que marca la ley. Pero la elección de la presidencia del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue sin desencallarse. Los bloques conservador y progresista —con diez representantes cada uno— mantienen sus posiciones enfrentadas.

La edad legal de jubilación en 2025 serán de manera ordinaria los 65 años (quienes acumulen 38 años y 3 meses cotizados) y los 66 años y 8 meses (personas que tengan menos de 38 años y 3 meses de cuotas a la Seguridad Social). Son requisitos más duros que los de 2024, cuando todavía, hasta el 31 de diciembre, es posible dejar de trabajar a los 65 años teniendo 38 cotizados, o si no, a los 66 años y 6 meses. Además, el año próximo, cobrar el 100% de pensión exigirá que el trabajador posea una carrera de cotización de 36 años y medio.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó el fallo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo en el que avalan el fraude de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.La OEA respalda los informes publicados por la ONU y por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en dónde indican que tanto el TSJ como el CNE no tienen la independencia e imparcialidad necesaria para llevar acabo sus actividades de forma correcta.

El sindicato de funcionarios públicos de ultraderecha Manos Limpias ha presentado una denuncia contra Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, por considerarlo "cómplice, encubridor y cooperador" de la huida del expresidente de la Generalitat. El abogado del presidente en el exilio ha sido denunciado en concreto por "obstrucción a la justicia y la omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución como cómplice y encubridor sin perjuicio de que en las diligencias que se practican hubiera podido ser cooperador"

En un Estado de derecho, el ordenamiento ha de garantizar el acceso a la justicia de todas las personas. Para ello es necesario adoptar medidas en relación a sectores de la población que se consideran más vulnerables. El artículo 103.1 del Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban “medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo”, reforma el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil.