La concatenación de reclamaciones articula un juicio que afecta a múltiples aspectos de la gestión del PP, que gobierna la región desde hace más de un cuarto de siglo. Así, los litigios abarcan desde lo que cobran los concesionarios privados por gestionar y construir carreteras y hospitales de uso público, a la estrategia de vivienda de protección oficial o las decisiones adoptadas para afrontar la crisis sanitaria durante la pandemia del coronavirus.
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