El Gobierno ha decidido retirar las prestaciones sanitarias a los inmigrantes que viven en España indocumentados por no lograr un contrato de trabajo en un país que se acerca a los seis millones de parados. Este grave recorte en derechos resulta una inmoral perversión que puede condenar a la muerte por desatención a multitud de ciudadanos y atenta contra un derecho humano básico reconocido por tratados internacionales, la Constitución Española y en diferentes Estatutos de Autonomía.
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