Se trata de un afluente que fue canalizado debajo de un edificio sin solicitar siquiera una autorización para actuar sobre él, y en el que incluso cualquier pescador federado tiene derecho a pescar, desde dentro del garaje. Augas de Galicia solicita al ayuntamiento 1.1 millones para arreglar el disparate urbanístico, después de haber multado al promotor culpable con solo 4500 euros. El infractor es el presidente de la Cámara de Comercio. Relacionada:
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