La práctica de hacer ofertas de construcción de infraestructuras públicas a un precio demasiado bajo y aumentar el precio final con sobreprecios es una práctica habitual en España. Pero no solo. También lo es en todos los países del mundo, dice Sala. De hecho, las grandes constructoras tienden a separar el departamento que consigue las obras del departamento que las ejecuta. Y para justificar la desviación, tienen un tercer gran departamento, el jurídico, donde un ejército de abogados tortura las leyes para apuntarse al máximo las desviaciones.
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