Como castigo por negarse a firmar un acuerdo que garantizara inmunidad a soldados y ciudadanos estadounidenses, Estados Unidos suspendió, entre el 2004 y el 2006, la ayuda militar a Costa Rica y los fondos de cooperación para la implementación del TLC. Durante esos tres años, los norteamericanos presionaron insistentemente a Costa Rica para que firmara un tratado en el que se comprometiera a no someter a los ciudadanos estadounidenses ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en Holanda.
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