El magistrado Javier Pérez Royo está en desacuerdo con la sentencia de la profesora de religión católica, pero cree que el problema no es tanto del Tribunal Constitucional, como del Gobierno y del Parlamento, que deberían denunciar los Acuerdos que se firmaron con la Iglesia católica en 1979. A partir de ahora, los 16.000 enseñantes de religión no podrán usar preservativos, ni dejar de bautizar a sus hijos, ni podrán abortar, ni divorciarse y hasta tal vez deban ir a misa una vez a la semana y comulgar, so pena de ser despedidos de su trabajo.
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