El objetivo es que nadie se quede en la calle por una ejecución o desahucio producto de la crisis. Si los bancos no responden ante una situación en buena medida generada por ellos mismos, será el gobierno quien lo haga. El Gobierno Vasco garantiza un alquiler social por uno o dos años (en función de la situación económica) a toda persona que se quede en paro y que pierda su vivienda en propiedad o en alquiler, siempre que cumpla determinadas condiciones.
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