María Andreu, que tiene dos hijos y está pagando la hipoteca de una vivienda, se ve sin nada. Sale adelante con la ayuda de familiares. Pero ella no se rinde. Ha presentado una denuncia penal contra la empresa y también un contencioso laboral. Defiende que su despido fue nulo y reclama que le han dejado a deber 7.000 euros. En febrero, creyo haber encontrado, por fin, un trabajo seguro. Dejó de percibir una ayuda de 420 euros, e inició una relación laboral con una empresa. Ahora no tiene derecho a paro ni a ningún otro tipo de prestación.
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