El acceso al correo corporativo de los trabajadores por parte de una empresa plantea la colisión de dos derechos reconocidos por ley: el de control de la dirección a sus trabajadores, que consagra (con límites) el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores y el derecho a la privacidad de los empleados. No hay ley que regule el rastreo de correos electrónicos como tal pero el Tribunal Constitucional ha ido sentando doctrina con sus sentencias basadas en el principio de proporcionalidad.
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