La pareja no sólo infló artificialmente los gastos de la empresa, con lo cual evitó pagar unas cantidades mucho más altas en virtud de Impuesto de Sociedades (la tasa que grava los beneficios de las empresas tras restar los gastos a los ingresos), sino que además evitó declarar dichas cantidades como “rendimientos del capital mobiliario” en sus respectivas declaraciones de la renta, con lo que defraudó doblemente a la Hacienda pública. La treta parece burda pero, durante ocho años, hasta que salió a la luz el caso Nóos, funcionó.
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