El contrato que suscribió la Comunidad Autónoma para la prestación de un servicio integral de atención de emergencias, protección civil y vigilancia mediante helicópteros multifuncionales -vigente desde 2006- contempla un tope de 1.000 horas de vuelo al año entre las intervenciones de emergencia y el resto de los traslados. Así, cada vez que el presidente regional emplea uno de estos aparatos para trasladarse consume parte de ese límite y resta tiempo para la atención de las emergencias que puedan producirse en el Archipiélago.
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