En un principio, la obra había sido presupuestada en 54 millones de euros y se debía ejecutar en 28 meses. Sin embargo, finalmente salió por 238 millones y se demoró hasta los diez años. La investigación apunta a que gran parte de ese sobreprecio fue presuntamente a parar a los bolsillos de los cinco imputados: el ex gerente de la Plataforma, Ricardo García Becerril; su director técnico, Miguel Ángel Pérez; el ingeniero de la consultora que debía velar por el desarrollo de las obras,
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