La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, creó el mecanismo para garantizar que el desarrollo de Sitel se llevará a cabo en secreto, que no pueda ser conocido por la opinión pública. Para dar cumplimiento a la orden de De la Vega, el Ministerio de Industria -competente por haberse encargado de la regulación de Sitel a través de la Ley 27/2007- , que concibe el software espía como algo técnico, como si no afectara a derechos fundamentales.
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