La política laboral del Instituto Cervantes ha recibido un varapalo histórico a través de una sentencia del 22º Tribunal Laboral de Porto Alegre, con fecha del 26 de junio de 2009 que le impone una sanción conminatoria diaria de 5.000,00 reales por cada empleado que se encuentre en situación irregular, por utilizar intermediarios de mano de obra para la realización de la actividad primera del centro, la enseñanza; una indemnización por daño moral colectivo por un valor de 50.000,00 reales, y el pago de las costas del proceso.
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