Los fondos públicos que recibían de estas administraciones autonómicas fueron al Instituto Nóos. Posteriormente, gran parte de este dinero acabó en sociedades controladas por el duque de Palma y su socio Diego Torres. Además, ambos se sirvieron de otras dos empresas para realizar facturas falsas que les permitieron declarar menos beneficios y por tanto pagar menos al fisco.
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