Cuando esos proyectos sean redactados podrán hacerse efectivas las cargas de cada propietario, entre los que hay grandes entidades bancarias, constructoras e inversores, y devolver los 45 millones al Consell, que desde primeros de año presiona a todos los agentes implicados para que ese proceso se acelere.Las que no se verán condicionadas serán las viviendas pendientes de construcción, pues serán torres aisladas de hasta 50 plantas y 120 metros de altura.
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