La UPV cree que la decisión judicial se inmiscuye en la autonomía universitaria al intentar restringir la asistencia educativa de reclusos fuera de la tutela de la Administración penitenciaria española. En su opinión, los argumentos del Supremo no se ajustan a Derecho. El alto tribunal sostiene que el protocolo de la Universidad vasca incumple la Ley General Penitenciaria, que establece que este colectivo tiene que matricularse en la Universidad Española de Educación a Distancia (UNED) o en universidades convenidas con Instituciones Penitencias
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