El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha condenado a España por no aplicar correctamente la norma comunitaria que tiene como objetivo reducir la contaminación de las instalaciones industriales y agrarias. La sentencia da la razón a la Comisión, que había denunciado que 533 instalaciones en España siguen funcionando sin la autorización medioambiental requerida
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