El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a indemnizar con 9.000 euros por daños y perjuicios a un hombre que permaneció entre diciembre de 1996 y julio de 1997 en prisión provisional hasta que en el juicio se le retiró la acusación por un delito contra la salud pública. El alto tribunal entiende que procede fijar una indemnización por anormal funcionamiento de la Justicia.
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