El tripartito aprobó a finales de 2007 la Ley del Derecho a la Vivienda, que preveía que la administración podía imponer el "alquiler forzoso" de una vivienda vacía propiedad de un particular. A diferencia de la ley que promueve el gobierno andaluz, que pretende expropiar temporalmente viviendas a los bancos par impedir desahucios, la norma catalana no abordaba el alquiler forzoso desde la óptica de este problema social, entonces menos presente. Cuatro años después de que la legislación entrar en vigor, y sin que se llegara aplicar nunca un...
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