El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha avalado este martes que un Estado miembro expulse a un ciudadano comunitario que haya cometido un delito grave, incluso si ha vivido más de diez años en el país de acogida. La sentencia precisa que esta medida está condicionada a que el comportamiento de la persona en cuestión "represente una amenaza real y actual para un interés fundamental de ese Estado", es decir, que exista un riesgo de que pueda volver a cometer el mismo delito.
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