El Tribunal Supremo ha insistido en que corresponde al Estado indemnizar a los profesores de religión cuando concluyen sus contratos de trabajo, y no a las comunidades autónomas, porque no se ha producido la transferencia en materia de enseñanza de Religión Católica. En una sentencia de la Sala de lo Social, el Supremo rechaza el recurso presentado por el Ministerio de Educación para que unificara doctrina en relación con este asunto, ya que el alto tribunal recuerda que es una cuestión que ya ha resuelto y le impone el pago de las costas.
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