(C&P): El Alto Tribunal ha estimado el recurso de la Abogacía del Estado contra la citada resolución del TSJPV, que se basó en la infracción del artículo 56 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), que establece que para que los internos en cárceles españolas puedan cursar estudios universitarios debe mediar un convenio entre la Administración penitenciaria y la Universidad correspondiente. La sentencia (del TSJPV) también reconoce, puesto que lo reconoció la UPV, que dicho convenio no fue suscrito con la Administración penitenciaria
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