El Supremo ha estimado en parte la demanda interpuesta contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, al haber apreciado la vulneración del derecho al honor del demandante. La sala estima que no existiendo ninguna resolución judicial que permita concluir que el demandante sea autor de violencia de género o doméstica, ni abusos sexuales en la persona de su hijo, la atribución de hechos de aquella naturaleza carece de cualquier base fáctica objetiva que permita sostenerlos. La condena a abonar al demandante 18.000€y a dar difusión a la sentencia
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