El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado hoy en evidencia la retórica del Gobierno español sobre I+D+i al condenarle por incumplir sus obligaciones con respecto a la admisión de investigadores procedentes de países extracomunitarios. La condena no tiene, por el momento, repercusiones contables y sólo debe servir para que España cumpla los compromisos que ha suscrito. El conflicto se origina en la aplicación de una directiva de 2005 que fijaba las condiciones de admisión en la UE de los investigadores de terceros países
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