Un tribunal de esta capital declaró inconstitucionales y no ajustadas a derecho las dos leyes, aprobadas en 2010 y 2012, por las que se impusieron reducciones de salarios y otras medidas que afectaron al sector público. La sentencia también estimó que las normas refrendadas incumplen el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la legislación internacional en materia de contratación laboral. Se trata de la primera resolución judicial que aborda actos políticos y que deberá ser ratificada o...
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