El Gobierno de Aznar, con el plácet de Zapatero, decidió en febrero de 2002 estrechar el cerco sobre la izquierda abertzale con la Ley de Partidos Políticos, que comenzó su andadura en junio de ese año. Desde entonces, la maquinaria de los «servicios jurídicos» de Batasuna no ha cejado ni un solo instante en su empeño por conseguir que la formación ilegalizada esté presente en las instituciones vascas y navarras.
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