El fiscal del Tribunal de Cuentas ha trasladado a Anticorrupción el caso Seseña por la relevancia penal de las irregularidades en la actuación de la Junta. El Ayuntamiento de Seseña adjudicó 1,8 millones de metros cuadrados a El Pocero en 2003 para su macroproyecto urbanístico en un proceso trufado de irregularidades que no fueron detectadas por la Junta de Castilla-La Mancha, entonces presidida por José Bono. Un año después, Francisco Hernando se encargó de unas obras de remodelación en la hípica del presidente del Congreso.
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