El Tribunal de Cuentas de España ha abierto una investigación en torno a los sobrecostes abonados por la sociedad pública guipuzcoana Bidegi a los adjudicatarios de las obras de construcción de la autopista AP-1 (Eibar-Vitoria) durante el anterior Gobierno de la Diputación, presidido por el peneuvista Markel Olano.
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