La sentencia indica que la impugnación de la denominación de la red estatal ferroviaria como "red ferroviaria de interés general" no puede prosperar y reconoce la legitimidad del Estado para "garantizar un sistema común de transporte ferroviario en el territorio del Estado". Al mismo tiempo lamenta "la inseguridad jurídica" que crea, tanto a las distintas administraciones públicas como a los actores ferroviarios, el hecho de que a día de hoy se siga careciendo de un catálogo de las líneas ferroviarias que el Estado considera que pertenecen...
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