Los ediles acusan al gobierno local (PNV) de llevar a los hogares del municipio agua 'no apta para el consumo' durante los últimos cuatro años y piden la imputación de los responsables del Ejecutivo autonómico por no haber impedido el suministro 'contaminado' a la población. Les acusan de un delito continuado contra la Salud Pública y el Medio Ambiente.
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