La edil de Medio Ambiente, Paz González; el de Seguridad, Pedro Calvo, y la de Urbanismo, Pilar Martínez, han sido imputados por un delito de contaminación acústica y atmosférica por no impedir el ruido que han sufrido desde hace 30 años los cerca de 8.000 vecinos de la avenida de Portugal, según el diario El País. Al parecer, las casas cercanas a la citada avenida soportan más de 80 decibelios de ruido -cuando 60 es el nivel máximo tolerable- y los humos de los 150.000 vehículos que pasan cada día al lado de sus viviendas.
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