El Gobierno del Partido Popular, que no deja de tomar medidas, ha impuesto el copago al derecho de reunión y manifestación. No lo dice el BOE. Lo dicen 314 sanciones administrativas impuestas en Madrid a otras tantas personas entre los días 12 y 15 de mayo de este año, con una recaudación total prevista de 105.000 euros. Menudo chollo conseguir en cuatro días el equivalente al sueldo anual de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, si ese dinero fuese a parar al Ayuntamiento.
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