El procedimiento era el siguiente: una treintena de asociaciones empresariales —la mayoría de ellas de la patronal CEIM— solicitaba subvenciones anualmente a la Comunidad para dar cursos de formación a sus trabajadores. Con ese dinero se contrataba a la empresa que iba a impartir los cursos, la mayoría de ellos de teleformación; es decir, a través de una plataforma virtual en Internet.
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