Más de mil huertos solares han perdido ya su prima a manos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Todos ellos víctimas de unas inspecciones que el supervisor realiza a través de Tragsa, empresa pública participada y gestionada por las comunidades autónomas. Un hecho paradójico ya que fueron las propias comunidades las que autorizaron sin trabas la puesta en marcha de esas instalaciones
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