En esta propuesta se pedía la reducción de puestos de libre designación al considerar que se está cayendo en el «abuso» hasta incurrir en «prevaricación» y «vulneración de derechos y corrupción, al elevar a los puestos mejor retribuidos a funcionarios afines al partido o camarilla de índole partidista». Asimismo, denuncian la proliferación de «centenares de puestos de asesores y de mandos intermedios y altos cuyas funciones podrían ser desempeñadas con retribuciones ordinarias por funcionarios de carrera.
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