Habida cuenta de la gravedad de los hechos denunciados en los casos de violación, cuyo castigo supone una pena severa de cárcel, los jueces están obligados a valorar la credibilidad de la denunciante. Para valorar el caso de Málaga debe recordarse el principio "in dubio pro reo", garantía indispensable de un Estado de Derecho: la existencia de dudas razonables impone a la autoridad judicial la obligación de obrar a favor del inculpado.
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