A 31 de diciembre de 2010, habían pasado por el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona (CIE) 1.742 personas en proceso de expulsión administrativa. De ellos, fueron devueltos a sus países 1.118, mientras que 561 quedaron en libertad. Es decir, que un 33,41% no pudieron ser expulsados, según refleja la memoria del año de la sección de extranjería de la Fiscalía de Barcelona, quien quiere potenciar este año los procedimientos para devolver a su país a los que hayan cometido delitos.
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