La imperiosa necesidad de ingresar a la anciana en una residencia obligó a la familia a localizar un geriátrico privado mientras aguardaba la concesión de una plaza pública. Ante una lista de espera de 17.000 personas y 18 meses de demora media para acceder a una residencia de la Generalitat, la familia de María Teresa solicitó la prestación económica vinculada (PEV), para sufragar temporalmente una parte del ingreso de la mujer en el geriátrico privado.
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