Tribunal Constitucional ha avalado la Ley de Función Pública aprobada por el Gobierno balear, que considera el conocimiento del catalán como mérito y no como requisito para acceder a la administración. La norma autonómica recurrida (Ley 9/2012, de 19 de julio) elimina la exigencia general de un determinado nivel de conocimiento de catalán como requisito para acceder a la administración o para ocupar cualquier puesto de trabajo y modifica en consonancia las leyes que regulan el uso de la lengua en las islas.
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