El Tribunal Constitucional ha avalado la imposición obligatoria de la pena de alejamiento a quienes cometan delitos de maltrato doméstico o de género, aunque la víctima se oponga a la separación física de su agresor. El TC ha rechazado una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, para la que el alejamiento forzoso en contra de los deseos de la víctima "carece de explicación racional" y conduce "indefectiblemente a su incumplimiento".
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