Desde que se consiguió la abolición de las corridas de toros en Cataluña en el año 2010 mediante una Iniciativa Legislativa Popular, proceso de democracia participativa impulsado por una plataforma ciudadana, el lobby taurino ha intentado por activa y por pasiva recuperar el terreno perdido, cueste lo que cueste. Los empresarios taurinos y toreros fueron muy consientes del enorme daño que la abolición en Cataluña generó sobre toda la actividad taurina internacional, pues se trató de un punto de inflexión en el modelo estratégico abolicionista.
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