En el caso español llama la atención que esta materia [DDHH] sea concebida por el Ejecutivo como un asunto a resolver más allá de las fronteras del país y englobado dentro de las cuestiones referidas a la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo (...) No reconocer los delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión inmediata a la finalización de la Guerra Civil supone dejar fuera del ordenamiento jurídico las demandas de las víctimas que padecieron estos delitos.
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