Un juicio que se iba a celebrar en el Juzgado de lo Penal de Teruel por delito contra los derechos de los trabajadores tuvo que ser suspendido al darse la circunstancia de que el único intérprete de idioma chino afincado en la capital turolense era el propio acusado, de origen chino. El problema surgió cuando, a mitad del juicio, varios testigos chinos que iban a declarar admitieron que no entendían el castellano. El procesado se ofreció en ese momento para traducir de español a chino y a la inversa. Lógicamente, su propuesta no fue aceptada.
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