Los notarios españoles aseguran que se han quedado sin instrumentos legales para vigilar el fraude fiscal y el blanqueo de dinero. El Tribunal Supremo les ha quitado de un plumazo la potestad de poder comprobar, antes de estampar su firma, si un documento para el que se pide su autorización se ajusta al ordenamiento jurídico (e incluso si tiene sentido), y el acceso al registro central de poderes notariales, donde se verificaba si un documento de este tipo sigue en vigor o no.
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